En México hay una tendencia creciente a criminalizar a los indígenas y a usar el derecho penal para reprimirlos, alertan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Los indígenas sometidos a un proceso penal enfrentan un sistema judicial que tiene “graves deficiencias”, pero que además los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista, coinciden la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, que señalan que los procesos que enfrentan están plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas y falta de traductores.
